Una joven diputada, de inflamada retórica, califica al liderazgo, y al partido político contrincante, como una organización criminal para delinquir. “No es que yo me lo haya inventado, —apunta—, es así como los califican a ustedes los Jueces. Les han acreditado la asociación ilícita, la falsedad contable, el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales, el delito electoral y el delito contra la hacienda pública. Yo sólo añado que ustedes han entrado a la política para esquilmar al erario público, vía contratos amañados con empresas y empresarios corruptos, quienes les financian sus campañas en época electoral, para luego cobrar su inversión. Son ustedes quienes han tejido una vasta red de testaferros, colaboradores y cómplices en diversas entidades públicas y privadas, así como en los principales medios de comunicación del país”.
El Ministerio Público, como era de prever, asigna un equipo de investigadores penales especializados, quienes bajo la dirección del Fiscal Anticorrupción, asumen la gigantesca tarea de deshilvanar la madeja de la corrupción, asomando sus pesquisas por cuanto cabo suelto encuentren en el camino; las pistas conducen al Congreso y a un cogollo de políticos cuyo modus operandi coincide con la vasta serie de evidencias periodísticas, sustentadas no solo en ejercicios hipotéticos sino en delaciones firmadas y hallazgos fortuitos fuera de toda duda.
Pero, por esas fortunas del azar y de la historia, en el país, impera el Estado de Derecho; y el debido proceso es una garantía jurídica para que a cualquier imputado se le considere inocente, mientras no medie una sentencia en firme que lo tipifique como culpable. Es, gracias a estos recaudos, que uno de los congresistas más votados de la República ha venido sorteando acusaciones de diverso calibre por más de nueve años; batiéndose en el foro parlamentario frente a sus antagonistas políticos; y en el foro penal frente a jueces y fiscales.
Pero tantas veces va el cántaro a la fuente, que al final se rompe en el momento más inesperado, como sucedió hace poco, cuando el político aludido, —en plena sala penal—, denunció por extorsión a los magistrados y al propio Fiscal Anticorrupción; presentando pruebas irrefutables de los desembolsos realizados a sus acusadores.
Luego, la prensa se encargó de explicar en simple los intríngulis penales: al Congreso llegó vía denuncias periodísticas, evidencias incriminatorias contra el político. La fiscalía profundiza las investigaciones y juega en pared con los jueces para acorralar al político durante años, en un calvario judicial que amenazaba llevarlo a la cárcel. O sea, un perfecto aparato mafioso de alto vuelo, dentro del Poder Judicial. Hasta antes del escándalo, en los extremos de cada acusación, el acusado siempre se salvaba, (ahora se sabe, había pagado), merced a una falla procesal, (ahora se sabe, inducida adrede) y el político convertía su calvario judicial en su propia épica: “Mis enemigos políticos me persiguen judicialmente, pero nunca han probado nada, porque todas las acusaciones son falsas; la mejor prueba de ello, es que no tengo ninguna condena”.
Con el fin de evitar enojosa confusión al lector, aclaro: La tipificación judicial de un partido político como organización criminal, ocurrió este año en un debate parlamentario en el Congreso de los Diputados en las Cortes Generales de España. El caso de extorsión judicial a políticos ha ocurrido hace muy poco en Colombia, en un escándalo de enorme magnitud bautizado como El Cártel de la Toga”.
Cualquier parecido con hechos o modus opendi similares en estas tierras, podría ser no solo una odiosa coincidencia, sino la explicación de la lenidad en los casos peruanos, donde la justicia tarda mucho, demasiado, tanto que hasta hoy… Nunca termina de llegar del todo.
Publicado originalmente en ElBuho.pe